La atención sanitaria al tabaquismo ¿Realidad o utopía?

Autor: Alonso de la Iglesia, Begoña

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años —puesta en marcha de programas de prevención y control en comunidades autónomas (CC. AA.), Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y asignación de recursos económicos específicos—, el tabaquismo continúa siendo un importante problema de salud pública en España y la primera causa de enfermedad, discapacidad y muerte evitable.

Las últimas encuestas realizadas sobre consumo de tabaco en nuestro entorno muestran que no sólo no se ha conseguido reducir la prevalencia de consumo sino que, en los últimos tiempos, se observa un repunte de la misma. La expectativa ante la entrada en vigor de la Ley 28/2005 —con la prohibición de fumar en los lugares de trabajo y, en un principio, con una restricción mayor al consumo en lugares públicos, que después resultó prácticamente inexistente— posibilitó un escenario favorable al abandono del tabaco, que se tradujo en una mayor demanda de ayuda y tratamiento para dejar de fumar en los años 2005-2006.

La falta de un compromiso institucional y de políticas mantenidas en el tiempo, las dificultades de aplicación de la ley —de todos conocidas—, junto con la falta de una oferta estructurada de atención al tabaquismo, han condicionado que los avances en el control de la epidemia tabáquica hayan sido mínimos y que muchas personas que necesitaban ayuda no fuesen capaces de encontrarla en el sistema asistencial público, teniendo que intentarlo por su cuenta —con pocas posibilidades de éxito— o recurrir a servicios privados.

Las CC. AA. —con notables diferencias entre ellas— han ido adoptando algunas medidas asistenciales, generalmente limitadas al personal sanitario, docente y de la administración pública, incluyendo en algunas ocasiones la financiación de los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, en la mayoría de las CC. AA., hasta la fecha, no ha sido posible ofertar desde el sistema público una atención al tabaquismo estructurada, estable en el tiempo, accesible y equitativa, que garantice una cobertura universal.

En el año 2008, diferentes asociaciones e instituciones, junto con responsables de CC. AA. y del Ministerio de Sanidad, plantearon unos criterios mínimos básicos para la atención sanitaria al tabaquismo en España, que cada territorio debería desarrollar de acuerdo con sus directrices y recursos de política sanitaria. Partiendo del enfoque conceptual de que el tabaquismo es una enfermedad crónica y recidivante —con recaídas—y que la mayor parte de los consumidores son dependientes de la nicotina, se propone desarrollar una estrategia eficaz de tratamiento que tenga en cuenta criterios de riesgo sanitario —priorizando la oferta terapéutica en pacientes con problemas derivados del uso del tabaco, trastornos mentales y de comportamiento, en mujeres embarazadas…—, criterios de equidad —priorizando a los grupos sociales menos favorecidos y las necesidades específicas de género— y criterios de accesibilidad geográfica y capacidad de población a atender.

La oferta normalizada de atención al tabaquismo en la red asistencial pública debería:

– Basarse en criterios de coste-efectividad.
– Estar integrada en los planes generales de salud y asistencia sanitaria y no suponer la creación de redes específicas ni paralelas.
– Incluir las prestaciones en las carteras de servicios de la organización.
– Tener un enfoque integral de la intervención, recogiendo las dimensiones biológica, psicológica y social de la dependencia tabáquica.
– Garantizar su viabilidad, cobertura poblacional y accesibilidad a través de la adecuación y distribución territorial de los recursos humanos y equipamiento.
– Definir los distintos niveles de intervención y los criterios de derivación.
– Incorporar los tratamientos para dejar de fumar basados en la evidencia científica.
– Asegurar la continuidad en el tiempo.
– Facilitar guías y protocolos de intervención adecuados a cada nivel asistencial.
– Contar con un plan de formación accesible y de calidad.
– Promover la participación activa de los profesionales sanitarios, los pacientes —en su proceso terapéutico— y la sociedad en conjunto.

Esta oferta de atención debería acompañarse de acciones de promoción de la demanda de ayuda para dejar de fumar. Es necesario aumentar la información y sensibilización de la población respecto al tabaquismo activo y pasivo —con mensajes adaptados a las características de cada grupo poblacional— y promover la difusión pública de los recursos asistenciales disponibles para población general y grupos específicos, prestando especial atención a los sectores sociales más vulnerables, ya sea motivando la participación activa de los sanitarios o a través de campañas en los medios de comunicación, páginas web institucionales, teléfonos de información sanitaria, etc.

Es necesario el desarrollo de sistemas de información adecuados que permitan una monitorización de los objetivos e indicadores de evaluación definidos y establecer estructuras de coordinación institucional e intersectorial.

Con la posible modificación de la Ley 28/2005, nos encontramos ante una nueva oportunidad para impulsar la puesta en marcha de programas o planes de atención al tabaquismo, pero, para evitar volver a crear falsas expectativas, debemos asegurarnos de que esta vez se cuenta con un compromiso institucional serio, que implique a todos los niveles asistenciales, a los profesionales que trabajan en ellos y a las asociaciones científicas, profesionales, de enfermos y ciudadanas.

Si se aprueba la prohibición de fumar en todos los lugares públicos y se consigue mantener el consenso entre las fuerzas políticas y la administración sanitaria, volverá a generarse un incremento importante de la demanda de ayuda para dejar de fumar y, esta vez, debemos estar preparados para poder dar una respuesta adecuada.

Para ello, es necesario organizar los diferentes niveles asistenciales con criterios de derivación bien definidos y claros; diseñar acciones específicas para poblaciones de especial riesgo —embarazadas, adolescentes…—; preparar con antelación campañas de presentación y difusión de los servicios disponibles —tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales que deben generar demanda— y ofertar programas de formación adecuados a las necesidades de los profesionales y al tipo de intervención a realizar. La inclusión del tratamiento farmacológico en el catálogo de prestaciones farmacéuticas del sistema sanitario público es necesaria y deseable para poder garantizar una atención de calidad y equitativa a toda la población.

En época de crisis deberían aunarse los esfuerzos para facilitar la continuidad de otras prestaciones que se han demostrado efectivas (quit-line, programas en Internet…) pero que, cuando se implementan de forma localista, tienen difícil viabilidad, por falta de recursos y/o demanda.

Disponemos del conocimiento y de la evidencia científica suficiente, sabemos cómo organizarnos y conocemos los errores cometidos en el pasado, por lo que no sería comprensible que la atención sanitaria al tabaquismo continuase siendo una utopía y no una realidad.

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