Dos años de Ley de Prevención del Tabaquismo en España: luces y sombras Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo

Autor: Planchuelo, Mª Ángeles

La ley del tabaco representa el mayor avance en salud pública en España que ha ocurrido en las dos últimas décadas.

La ley del tabaco representa el mayor avance en salud pública en España que ha ocurrido en las dos últimas décadas. La ley ha alcanzado el 80% de sus objetivos sin que se hayan generado conflictos ni problemas significativos en el conjunto de la sociedad española.

Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 79% de la población española apoya los espacios sin humo en los centros de trabajo, el 80% en los transportes, el 61-70% en los restaurantes y el 54-61% en bares y cafeterías. Globalmente, el 70% de la población la apoya según el CNPT¹, el CIS² y la encuesta del Instituto Gallup de 2006³. El apoyo a los espacios sin humo va aumentando lentamente en España. La ley será mejor o peor, pero hay que recordar que es la que aprobó el parlamento de la nación que representa al conjunto de los ciudadanos de este país y, por lo tanto, hay que cumplirla.

A principios de 2006, el Ministerio de Economía introdujo y actualizó un componente lineal mínimo para cigarrillos en el impuesto especial sobre el tabaco, de modo que las marcas más baratas han debido incrementar su precio de 1,15 euros a 2,15 euros. Sin embargo, las marcas más populares y consumidas siguen costando más o menos igual que a primeros de 2005, es decir, entre 2,80 y 3,10 euros. El precio medio de la cajetilla se sitúa en 2,30 euros y la subida respecto a 2005 ha sido del 2%, inferior a la inflación. En realidad, el precio real del tabaco en valor constante en los años 2006-2007 es similar al de 1997, por lo que son necesarios incrementos más sustanciales –y siempre por encima del IPC previsto– de los impuestos especiales del tabaco con el fin de desincentivar su consumo⁴.

La desaparición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio (incluida la prohibición reciente del patrocinio de productos de tabaco en el deporte del motor⁵) ha demostrado en todos los países en los que ha entrado en vigor que disminuye el consumo, la prevalencia y la presión para que los jóvenes se inicien en el consumo. No hay razones para pensar que en España no esté ocurriendo lo mismo y en 2006 miles de jóvenes no hubieran comenzado a fumar.

El número de puntos de venta se ha reducido en un 40%, y los que hay están mejor regulados (sólo estancos y máquinas con mando para restringir la venta a menores en bares, restaurantes y quioscos de prensa). Decenas de miles de gasolineras y comercios de todo tipo ya no están autorizados a vender tabaco y, de hecho, no lo hacen. La sobreoferta de puntos de venta no responde a una demanda real, sino a una estrategia para aumentar la disponibilidad del producto entre los adolescentes.

El tabaco ha desaparecido de la escena en las empresas, las administraciones públicas y casi todos los centros de transporte por tierra, mar y aire.

El tabaco ha desaparecido de la escena en las empresas, las administraciones públicas y casi todos los centros de transporte por tierra, mar y aire. También en el comercio, en los centros sanitarios y en los educativos se ha reducido el problema significativamente. En todos esos lugares, los niveles de contaminación por nicotina han descendido significativamente y el número de locales públicos totalmente limpios de nicotina ha pasado del 10% en 2005 al 40% en 2007, por lo que se ha multiplicado por cuatro. El 85% de las empresas españolas cumplen la ley, según los propios trabajadores. Habrá que insistir en la necesidad de actuaciones de información y sensibilización para conseguir que los trabajadores conozcan el contenido de la ley y que a corto plazo el 100% de las empresas la cumplan adecuadamente.

La hostelería es el punto débil de la ley, puesto que sólo regula los locales de 100 metros o más (20% del total). Aunque una parte de los locales regulados cumplen la ley, la mayoría de los 350.000 locales de hostelería no son lugares libres de humo en España.

Los derechos de millones de españoles no fumadores a tomar un café, una bebida o una comida sin humo no se están respetando. La autorregulación en locales pequeños (80% del total) no ha servido, porque las organizaciones de la hostelería están muy influidas por la industria tabacalera y no han parado de inducir entre los hosteleros el pánico a perder ingresos si no permiten fumar a sus clientes, supuesto que no ocurrirá con una prohibición total en la que todos los locales tengan las mismas obligaciones. Por otra parte, en los locales regulados (un 20% del total) se está incumpliendo la ley en un 60% de ellos⁶. La ley portuguesa, la turca, la chilena y una propuesta que se está discutiendo en la República Checa tienen un redactado idéntico a la nuestra en el apartado de hostelería. Eva Kralikova, experta checa en tabaquismo, refería en Globalink que la propuesta de autorregulación en locales menores de 100 metros es públicamente defendida por Philip Morris. Esto puede ser legítimo por parte de la industria, lo que no es lógico es que logre imponerse a todo un parlamento democrático. La autorregulación en un sector muy influido por una industria básicamente irresponsable como la tabaquera nunca ha funcionado (el 98% de los bares pequeños permiten fumar). La autorregulación significa que el Gobierno deja el puesto de delantero para convertirse en árbitro que contempla como los sectores de “intereses especiales” incumplen los acuerdos que ellos mismos propusieron. El lobby tabaquero y sus aliados de la hostelería están mejor organizados, tienen más dinero y son políticamente más influyentes que los grupos sanitarios y los 35 millones de españoles no fumadores.

Según diversos estudios, al menos  el 40% de los españoles siguen expuestos al humo ambiental de tabaco en bares y otros lugares de ocio⁷. Es casi imposible encontrar un local de este tipo sin humo en muchos pueblos y barrios urbanos. Se ha demostrado de nuevo que las medidas voluntarias de autorregulación no funcionan en los locales de menos de 100 metros. Dado que es un sector de mucha visibilidad social, este hecho altera en gran medida la percepción social sobre el éxito de la ley. Se observan diferencias de cumplimiento entre regiones autónomas, pero es todavía prematuro valorarlas de forma precisa, dado que no disponemos de datos oficiales. Por otro lado, los augurios de pérdidas de puestos de trabajo hechos por la Federación Española de Hostelería no se han cumplido y el número de contrataciones en el sector se ha incrementado en un 5,2% a lo largo de 2006, según los datos de la Seguridad Social de noviembre de 2006⁸. Por otra parte, la Federación de Hostelería ha reconocido recientemente que la ley no ha supuesto pérdidas para el sector.

Es muy lamentable que algunas regiones autónomas hayan caído en la trampa tendida por las tabacaleras y estén hablando de necesidad de mayor tolerancia en relación con un asunto de protección de la salud pública, que no pretende discriminar a nadie, sino proteger la salud de toda la población. Estimamos que con 15.800 inspecciones y 586 expedientes sancionadores, que según datos fragmentarios parecen haberse producido en toda España en los primeros 9 meses de 2006, no puede hablarse de ley coercitiva. En Irlanda el primer año se hicieron 35.000 inspecciones a una población 10 veces menor que España. Según esas cifras, en España se deberían haber hecho 350.000 inspecciones, es decir, 20 veces más de las que se han hecho.

En 2006 se ha incluido la deshabituación de fumadores en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud⁹.

En 2006 se ha incluido la deshabituación de fumadores en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud⁹. En muchas regiones autónomas se están desplegando intensos programas de formación de profesionales sanitarios en técnicas de asistencia a fumadores. El documento de consenso promovido por el CNPT con la participación del MSC y las regiones autónomas ya está disponible en su versión final. Por primera vez, un documento técnico conjunto desarrollado con la colaboración del Ministerio de Sanidad, las regiones autónomas, las sociedades científicas y otras organizaciones profesionales reconoce que hay tratamientos eficaces para dejar de fumar y abrirá una puerta para seguir avanzando en este ámbito.

La prevalencia del tabaquismo podría haber caído un 12% respecto al total de fumadores, lo que supone que hay 1.200.000 fumadores menos a finales de 2007 comparado con 2005, según diversas encuestas¹⁰. En cuanto a la caída de la prevalencia poblacional, estos datos equivalen a una reducción del 3,4% en dos años. Es verdad que la Encuesta Nacional de Salud de 2006 proporciona una reducción de únicamente el 5% en dos años, que equivaldría a un descenso poblacional del 1,4%. Pero los datos de esta encuesta general de salud –por tanto, no dirigida específicamente a tabaco– no son congruentes con las encuestas específicas de tabaco ejecutadas en el ámbito nacional y regional. En todo caso, este descenso de la prevalencia de fumadores no hubiese sido posible sin la participación de miles de profesionales sanitarios con mayor motivación y formación que en el pasado y de un creciente número de expertos en tabaquismo. Por otra parte, 3 millones de fumadores han intentado dejarlo y casi 2 millones han conseguido fumar menos y estar mejor dispuestos para el siguiente intento. En población escolar de 14 a 18 años, la proporción de fumadores diarios en los últimos 30 días ha pasado del 21,5% al 14,8%, lo que indica una reducción espectacular que no se producía en los últimos 10 años. Esto puede estar asociado a varios factores, como la prohibición de la publicidad, la reducción de los puntos de venta, el endurecimiento de las condiciones de acceso a los menores y la cesación de cientos de miles de adultos11.

Las ventas de tabaco se han reducido en 2006 un 2,8%¹², lo que supone 2.600 millones menos de cigarrillos consumidos a lo largo del año o 130 millones de cajetillas. En 2005 el descenso fue del 0,6% (casi 5 veces menos). Un estudio reciente revela que la verdadera caída del consumo entre los ciudadanos españoles ha sido del 13% en 2006-2007 comparado con 2005¹³. Esta disparidad en los datos del Comisionado se debe a que el 36% de las ventas en España son a turistas y visitantes, muy voluminosas por el diferencial negativo de los precios del tabaco con los países de procedencia. Por lo tanto, las ventas de tabaco no son un buen marcador del consumo real de tabaco en la población autóctona española.

Estudios poblacionales de percepción de la exposición sugieren mejoras espectaculares en los lugares de trabajo y algunos progresos en bares y restaurantes¹⁴. También existen estudios de marcadores ambientales. Según éstos, los niveles de nicotina ambiental se han reducido significativamente en un 100% en los centros de trabajo privados, un 65% en las administraciones públicas, un 67% en las universidades y un 94% en los restaurantes libres de humo. En restaurantes con zona de fumadores, la reducción ha sido del 37% y en discotecas y pubs, del 51% (en ambos casos no significativa)¹⁵. Los camareros de bares sin humo han reducido su nivel de cotinina en un 56%, lo que prueba la importancia de que todos los lugares de ocio sean espacios totalmente libres de humo de tabaco¹⁶.

En cuanto a indicadores de salud, datos preliminares han revelado una disminución de la morbilidad atendida por infarto de miocardio del 11,4%, similar a la observada en Italia y en Irlanda¹⁷. Harán falta varios años para que se perciba su efecto en la mortalidad por enfermedades respiratorias crónicas y cáncer, debido a que el intervalo entre exposición y enfermedad es más amplio. En resumen, todos estos resultados justifican sobradamente la entrada en vigor de la ley por encima de cualquier otra consideración.

Tareas pendientes

Aparte del Ministerio de Sanidad, todo el Gobierno debe implicarse en mayor medida en la prevención del tabaquismo. El temido “coste socioelectoral” de las medidas de prevención puede ser mayor cuando estas son tibias y no contentan a nadie.

El Ministerio de Hacienda debe atreverse a incrementar el impuesto mínimo del tabaco hasta los 100 euros por mil cigarrillos (ahora es de 70) y el impuesto específico hasta los 12 euros (ahora es de 8 euros), así como mantener anualmente incrementos claramente superiores al IPC. También hay que homologar la fiscalidad del tabaco en picadura para liar al de los cigarrillos. El precio del tabaco debería desaparecer del cálculo del IPC, para facilitar el incremento de la presión fiscal.

Es muy importante que el Ministerio de Trabajo acepte formalmente los riesgos del tabaquismo pasivo en el medio laboral, ordene a la Inspección de Trabajo verificar el cumplimiento de la Ley 28/2005 en las empresas y que se reconozcan los efectos del tabaquismo pasivo como una enfermedad profesional.

El Ministerio de Cultura debe tener en cuenta que persiste la promoción incentivada del tabaco en el cine, las teleseries populares, las revistas juveniles y de moda y otros soportes audiovisuales, y debería analizar cuidadosamente los guiones que financia con dinero público.

El Gobierno debe informar mejor de la magnitud de los riesgos del tabaquismo pasivo a la población. Hacen falta campañas continuadas de información a la población explicando bien la naturaleza y la magnitud de estos riesgos. Esto requeriría una inversión anual entre 7,5 y 15 millones de euros durante al menos dos años.

Es necesario que los servicios de inspección se comprometan activamente en la verificación de la norma y los que la incumplan reiteradamente sean sancionados. Con una ley que ampare todos los lugares públicos como libres de humo el coste en inspección sería mínimo.

Los gobiernos regionales deben asumir sus responsabilidades y tareas de inspección de verificación y control de la ley, especialmente en locales de hostelería y puntos de venta. Se sigue vendiendo tabaco en algunos bares y comercios sin máquina expendedora debido a la falta de control y de inspecciones.

Hacen falta más recursos estables para que los tratamientos más eficaces sean accesibles para todos los fumadores desde el sistema sanitario público. Un porcentaje significativo de fumadores precisan tratamientos intensivos para poder dejar el tabaco y la estructura asistencial en tabaquismo es débil y no está adecuadamente financiada.

Es necesario que el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el marco del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, desarrolle las medidas legales necesarias para asegurar el control de los productos de tabaco. Es preciso que las autoridades sanitarias puedan informar a los consumidores y al público en general sobre los contenidos de cada presentación comercial del producto. Para ello, se debería articular un sistema de análisis periódicos de los productos a través de laboratorios designados a tal fin.

Es necesario que el Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con todas las instituciones que conforman el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, desarrolle un sistema estable de evaluación de los distintos indicadores que permitan valorar la evolución del problema del tabaquismo en nuestro país, así como el impacto de las distintas medidas legales, educativas y asistenciales que se van desarrollando.

La ley actual, pese a su juventud, ya no tiene más recorrido. Lo dicen comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, Navarra, Andalucía…), hosteleros independientes, trabajadores de la hostelería, sociedades científicas, organizaciones de consumidores… Sólo falta que el Gobierno y los parlamentarios comprendan este hecho y propongan soluciones.

Bibliografia

1 CNPT. Encuesta sobre conocimientos, actitudes, creencias y conductas en relación con el consumo de tabaco (Diciembre 2006). Accesible en: http://www.cnpt.es/docu_pdf/C26082INFORMEDERESULTADOS_29_12_06.pdf

2 Encuesta CIS. Tabaquismo y nueva normativa antitabaco (2006). Disponible en http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Marginales/2660_2679/2665/Ft2665.pdf

3 Instituto Gallup. Ley Antitabaco 2006. Disponible en http://www.gallup.es/encu/ley_antitabac06/intro.asp

4 Atención Tabaco y Fiscalidad en España. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (septiembre 2007).

5 BOE 13-1-2007. Real Decreto, por el que se deroga la disposición transitoria quinta de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias.

6 Aterido I. Organización de Consumidores y Usuarios-Salud. Fumar en Lugares Públicos (junio 2007).

7 Encuesta Nacional de Salud. 2006. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional de Estadística.

8 Ministerio de Industria y Turismo. http://www.iet.tourspain.es/paginas/rsvisor.aspx?ruta=/Afiliación%20Seguridad%20Social/Estructura/Mensual/ (acceso diciembre 2006).

9 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

10 Jiménez Ruiz CA, Ramos Pinedo A, Riesco Miranda JA, Ancochea Bermúdez J. Año SEPAR 2007: Año para la Prevención y el Control del Tabaquismo. Arch Bronconeumol 2007; 43: 423-424.

11 Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta estatal sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias (encuesta escolar) 2006-07.

12 Comisionado para el Mercado de Tabacos. http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/mercadoEstadisticas.tmpl (acceso marzo 2007).

13 González I. Agencia de Vigilancia Aduanera. Barcelona: Ministerio de Hacienda; 2008.

14 Galan I, Mata N, Estrada C, Díez-Ganan L, Velázquez L, Zorrilla B, Gandarillas A, Ortiz H. Impact of the “Tobacco control law» on exposure to environmental tobacco smoke in Spain. BMC Public Health 2007 Aug 30; 7 (1): 224 17760974.

15 Sánchez-Martínez F, López MJ, Nebot M, Ariza C, Grupo de Evaluación de la Ley 28/2005. Exposición al humo ambiental de tabaco en centros de trabajo antes de la entrada en vigor de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Med Clin (Barc) 2007; 129 (3): 100-3.

16 Castillo A, Saltó E, Cabezas C, Nebot M, Juárez O, Sánchez E. Ley Antitabaco 2006. Reducción de ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio un año después. Prevención del Tabaquismo 2007; 9 (S): S9.

17 Fernández A, Schiaffino JA, Pascual y Grupo de Evaluación de la Ley 8/2005. Concentración de cotinina en saliva en una cohorte de trabajadores de la restauración antes y después de la Ley 28/2005E. XXIX Reunión Científica SEE. Logroño, 3-6 oct. 2006.

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